El pasado 5 de febrero de 2017, se publicó la Nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018.
En su Artículo 16, referente al ordenamiento territorial , se establece que el Gobierno tiene la obligación constitucional de informar sobre riesgos a la población, a través de elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que establezca la ley.
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